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La avanzada neoconservadora en Estados Unidos: se multiplican las leyes de odio contra las personas LGBTIQ+

Por Mario Bedosti

El pasado 24 de junio la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el fallo Roe vs. Wade, el cual garantizaba desde el año 1973 el derecho al aborto en ese país. Este retroceso en materia de derechos reproductivos se da en un marco mucho más generalizado de ataques contra las libertades y garantías del pueblo estadounidense: en particular, la comunidad LGBTIQ+ se encuentra bajo el asedio de una catarata de medidas subnacionales impulsadas por el Partido Republicano a lo largo y ancho del país, que busca limitar y hasta prohibir derechos humanos básicos para las diversidades, y que se empecina con especial énfasis en la población trans.

Desde hace dos semanas el mundo mira con preocupación la anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del fallo que aseguraba a nivel nacional el acceso al aborto para mujeres y personas gestantes. En este artículo Abril García Mur analiza dicho suceso desde una perspectiva de estructura y privilegios del Poder Judicial estadounidense e invita a un análisis comparativo con la situación de la justicia en Argentina. Más allá de la espectacularidad que este suceso ha provocado, la anulación de Roe vs. Wade dista de ser un caso aislado. La avanzada de la Corte con mayoría conservadora se da en un marco donde proliferan alrededor del “país de la libertad” infinidad de iniciativas estaduales que atentan contra los derechos de las personas LGBTIQ+. Tumultuosamente expulsados de la Casa Blanca a comienzos del 2021, los republicanos han elegido la vía localista para, continuando el legado de la era Trump, hacer gala de una demagogia neo-conservadora cada vez más recalcitrante. 

“No digas gay”, o el derecho a borrar a las personas LGBTIQ+ en las escuelas

El pasado 1° de julio entró en efecto la ley del estado de Florida de “Derechos parentales en la educación”, que había sido aprobada por la legislatura local de mayoría republicana y promulgada por el gobernador del mismo partido, Ron DeSantis (1). Esta ley, que recibió el mote de “Don’t say gay” (“No digan gay”) tiene como punto sobresaliente la prohibición de la “instrucción” en materia de orientación sexual e identidad de género en jardín de infantes y hasta el tercer grado. Además, estipula que les estudiantes de mayor edad sólo podrán recibir algún tipo de formación al respecto siempre y cuando sea de un modo “apropiado con los estándares del estado y de la edad” de les alumnes. La ley, que ya rige para les estudiantes más pequeñes (y que estipula prohibición total), entrará en efecto para los cursos superiores una vez que el Departamento de Educación de Florida desarrolle los lineamientos “apropiados” para la instrucción escolar. 

Esta ley, que legaliza el derecho a borrar las identidades LGBTIQ+ de las escuelas, ya ha comenzado a hacerse sentir. La Casa Blanca ha diseminado reportes que llegan desde Florida acerca de docentes a les que se las ha indicado “no usar vestimenta arcoiris”, o que han recibido pedidos de “sacar de las aulas fotos de sus esposos o esposas” (2). Si bien los promotores de la ley se preocupan por aclarar que “la instrucción sobre orientación sexual incluye a los heterosexuales” y por lo tanto no es discriminatoria, no han podido explicar la necesidad de prohibir aquello que en Argentina conocemos bien, y que no es otra cosa que la Educación Sexual Integral con perspectiva igualitaria. 

A pesar de que la ley de Florida sea hasta el momento la más “exitosa” en su cruzada de odio, varios estados rojos (en alusión al color típicamente asociado a los estados donde  el Partido Republicano gobierna o tiene mayoría en las legislaturas) están avanzando en la misma dirección. En Alabama, Arizona, Georgia, Iowa, Carolina del Sur, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Ohio y Louisiana se están tratando iniciativas similares sobre restricciones a la discusión sobre identidad de género y orientación sexual (3). 

Ataque subnacional contra las infancias trans

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott (republicano), ha decidido dar un paso más en la promoción del odio, la negación de derecho y hasta la persecución del colectivo de la diversidad. No contento con declarar su deseo de introducir una ley similar en su estado, ha redoblado la violación de derechos de las personas trans al solicitar que los tratamientos médicos de reafirmación de género para niñes sean tratados como casos de “abuso infantil”. Afortunada aunque provisoriamente, una jueza texana emitió una orden que bloquea por el momento que esta iniciativa pueda prosperar (4). La jueza Amy Clark Meachum determinó que el gobernador se excedió en su autoridad y ordenó la completa detención de las investigaciones que ya estaban en curso en contra de los tratamientos de salud de menores para la afirmación de su identidad. Se trata de un total de nueve penosos procedimientos que ya habían comenzado su curso.

Con el mismo espíritu trans-odiante, nos encontramos con el caso de Alabama, donde en abril la legislatura estadual votó una ley que busca prohibir los tratamientos de afirmación de género para las juventudes trans (5). La Cámara baja de ese estado votó (con 66 votos afirmativos contra 28 negativos) convertir en delito punible hasta con 10 años de prisión el hecho de que une profesional de la salud prescriba hormonas o cirugías que apoyen la transición de género para personas menores de 19 años. La ley se encuentra actualmente en el escritorio de la gobernadora republicana Kay Ivey para ser promulgada. Hasta el momento Ivey no ha confirmado si lo hará.

LGBTIQ+-odio, supremacía blanca y racismo: causas y consecuencias de la violencia convertida en ley

En una entrevista con el Illinois News Bureau, el profesor en Género y Estudios sobre mujeres Toby Beauchamp analiza la catarata de iniciativas legislativas en contra de los derechos de las personas trans: “Vivimos en una época de ascenso del autoritarismo, en los Estados Unidos y en el mundo. Cuando los grupos organizados nacionalistas y fascistas se reúnen en marchas del orgullo con armas y amenazas – como en Texas y en Idaho el verano pasado – nos encontramos frente a un recordatorio violento de que los sistemas autoritarios operan, en parte, a través de estrictas normas de género. Esas normas son inseparables de las ideologías supremacistas y de pureza racial. Considerando que las personas trans y LGBTIQ+ somos disruptivas para las normas de la familia heterosexual y para el sistea binario de género, clarmente representamos una amenaza para aquel control autoritario” (6).

Beauchamp traza en su análisis una línea que conecta las violencias contra todas la poblaciones que puedan poner en cuestión el statu quo en Estados Unidos. El profesor evidencia como, bajo las banderas discursivas de la defensa irrestricta de la libertad, en realidad se esconde un profundo deseo de control cuyo objetivo es garantizar la supremacía de los dueños históricos del poder. Evidencia, además, cómo ese deseo de control autoritario conlleva consecuencias dolorosamente concretas para les individues que por su mera existencia desobedecen la norma: “Ya hay datos que muestran el aumento del acoso contra las juventudes trans, el maltrato e incluso la ideación suicida en esta población.  La legislación que criminaliza la adolescencia trans, a sus familias y a sus proveedores de salud encaja perfectamente con nuestro sistema penal, que persigue a las personas de color, a les inmigrantes y a la gente pobre. Algunas familias han tenido que hacer cambios drásticos en sus vidas para mudarse a estados que ofrecen mejores protecciones. Pero mucha gente no quiere irse de su lugar de origen, y muches otres no tienen los medios para hacerlo aun cuando así lo quisieran”.

Más allá del envalentonamiento republicano: las fallas de las instituciones y la respuesta pasiva de les demócratas se espejan en el mundo

En un contexto como el descrito, en el cual el Partido Republicano saca rédito de la radicalización de sus bases por medio de la demagogia neoconservadora a nivel estadual (en sintonía con las señales que emite la Corte Suprema), no puede dejar de observarse la insuficiencia en la respuesta de las instituciones nacionales, encarnadas en la administración del presidente Biden y el Partido Demócrata. Si bien el presidente firmó el pasado junio un decreto (u orden ejecutiva, en la terminología estadounidense) que busca proteger a la población LGBTIQ+ de los avances conservadores (7), la respuesta parece, cuanto menos, deficitaria. El decreto ofrece una serie de lineamientos que, aunque persiguen nobles propósitos, languidecen frente a la virulencia de aquelles empecinades en usufructuar del odio como vehículo para construir poder. Es una respuesta similar, en cuanto a su intensidad, a la ofrecida frente a la supresión del derecho al aborto. En ese caso, el partido demócrata se ha limitado (con honrosas excepciones, como el de la legisladora Alexandria Ocasio Cortez)  a responder con una suerte de actividad pasiva, al pedir que se “vote a demócratas” en las próximas elecciones legislativas, para poder promover desde el Congreso una ley de aborto. Sin embargo, desde las organizaciones de personas LGBTIQ+, mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas, señalan que las declaraciones de buenas intenciones son positivas, pero lejos están de poder combatir los desafíos muy concretos que enfrentan. En este punto se pueda acaso observar una situación que excede al caso norteamericano y se proyecta a nivel global.

En un mundo donde las ultraderechas parecieran llevar las riendas de las narrativas y las perspectivas de futuro, es donde las fuerzas del centro-izquierda hacia la izquierda parecen quedar ancladas en un posibilismo  donde la inercia no puede ser derrotada debido a la constricción que impone la “correlación de fuerzas”. En el caso puntual que compete a este artículo (pero no únicamente), es imperioso recuperar la capacidad de agencia de la movilización social. Allí donde falte fuerza desde las instituciones o los partidos políticos establecidos, es fundamental recuperar el potencial creador de las organizaciones sociales, de los colectivos oprimidos, y construir desde allí. La comunidad LGBTIQ+ estadounidense bien sabe de aquello: basta con recordar los disturbios de Stonewall, que legaron al mundo el Día Internacional del Orgullo. Quizás sea necesario recordar que, frente a la vulneración efectiva de derechos, todo aquel que no tome posición, y más aún, accione en consecuencia, corre el riesgo de convertirse en cómplice.

(1)  https://www.washingtonpost.com/education/2022/07/01/dont-say-gay-florida-law/

(2) https://www.washingtonpost.com/education/2022/07/01/dont-say-gay-florida-law/

(3) https://www.npr.org/2022/04/10/1091543359/15-states-dont-say-gay-anti-transgender-bills

(4)  https://www.statesman.com/story/news/2022/03/11/judge-asked-block-abbott-order-transgender-affirming-therapy-child-abuse/6995409001/

(5)  https://www.npr.org/2022/04/07/1091510026/alabama-gender-affirming-care-trans-transgender

(6)  https://news.illinois.edu/view/6367/1999047878

(7)  https://www.nytimes.com/2022/06/15/us/politics/biden-lgbtq-rights-executive-order.html

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