Salario Básico Universal: experiencias internacionales comparadas

Por Rocío Beccaria

La coyuntura actual intensifica el debate sobre la implementación de un salario básico universal. El proyecto presentado por diputades del Frente de Todes y organizaciones sociales, consiste en un pago mínimo mensual no contributivo para personas de entre 18 y 65 años que se encuentren desempleadas, sin patrimonio o ingresos fijos. Además, contempla a la población monotributista de categoría A, trabajadoras de casas particulares y aquellos trabajadores/as formales cuyos ingresos no superen la primera categoría del Monotributo.

Como contraprestación se solicita la finalización de algún estudio primario y/o secundario o la realización de algún taller que fomente la empleabilidad. Si bien existe una fuerte crítica en torno a la factibilidad de una política de este estilo y a la posibilidad de reducir la pobreza, lo cierto es que existen antecedentes de programas que han demostrado la relevancia de garantizar un sistema de seguridad social y, en algunos casos, la efectividad de promover pequeños avances en materia de inserción laboral.

A nivel global, es posible observar algunos antecedentes de proyectos similares. Es el caso de Finlandia, Kenia y Alaska (Estados Unidos) o, en América Latina, de Brasil.

Estados Unidos (estado de Alaska):

En 1982 fue uno de los países pioneros en la distribución de un ingreso básico por medio de un cheque anual de entre 1000 y 2000 dólares, alcanzando a una población de 615.000 personas. La fuente de financiamiento provenía de los excedentes fiscales de la actividad petrolera, conocido como Fondo permanente de Alaska (1)

Hasta el año 2018, el programa se encontraba en funcionamiento. De acuerdo a los resultados presentados por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Cambridge (2020) no hubo un cambio significativo en el empleo, pero sí aumentó el empleo en tiempo parcial, incrementándose en un 1,8 puntos porcentuales a partir de las transferencias (2).

Además, observaron que a partir del ingreso se estimuló la economía local. Si bien quedaron pendientes futuras investigaciones, se concluyó que no impactó de forma negativa en el empleo.

Finlandia:

En 2017 en Finlandia se inició una prueba experimental en la que se seleccionaron a 2.000 personas desempleadas. Se les otorgó un monto de 560 € (alrededor de 590 USD) al mes. A diferencia de otros programas de seguridad social, para acceder a este ingreso no existían requisitos relacionados a la búsqueda de empleo y, en los casos en los cuales consiguieron empleo, de igual manera continuaron recibiendo el ingreso.

De acuerdo a los primeros resultados, en relación al empleo, no hubo ninguna modificación para aquelles que perciben el ingreso. Sin embargo, sí para los grupos familiares que tenían niñes a su cargo. A pesar de ello, se obtuvieron buenos resultados en términos de bienestar económico y salud mental. En un informe realizado por Kela (Institución de Seguridad Social de Finlandia), a partir de entrevistas en profundidad a les beneficiaries, se afirma que “muchas de las personas se encontraban más satisfechas con sus vidas y experimentaban menos tensión mental, depresión y tristeza”. Además, las personas entrevistadas expresaron una mayor confianza en las instituciones del Estado. Es decir, que el ingreso les otorgó un mayor nivel de confianza de su situación financiera.

Fuente: https://www.kela.fi/web/en/news-archive/-/asset_publisher/lN08GY2nIrZo/content/results-of-the-basic-income-experiment-small-employment-effects-better-perceived-economic-security-and-mental-wellbeing

Kenia

El programa se lleva a cabo por una organización no gubernamental (ONG) en una aldea de zonas rurales de Kenia, África. La prueba piloto se divide en tres grupos de tratamientos y cada una se le otorga diferentes montos.

El primer grupo comprende un total de 40 aldeas, quienes recibieron pagos de 23 USD cada mes durante 12 años (como en la aldea de prueba inicial). El segundo grupo, que contiene 80 aldeas, se les transfiere pagos mensuales por la misma cantidad, pero por solo dos años. A los residentes del último grupo, con un total de 80 aldeas, se les otorgó un pago global equivalente al ingreso básico de dos años (3).

Al igual que en el caso de Finlandia, se han observado algunas mejoras en términos de bienestar individual, esto es, en las medidas de seguridad alimentaria, y salud física y mental. Es importante destacar que el programa fue atravesado por la crisis sanitaria de COVID, por lo que resultó un ingreso fundamental.

Aún así, según una investigación realizada en la Universidad de Berkeley “el programa generó el crecimiento de alrededor del 15 por ciento del PIB del área local” y en consecuencia, “actuó como “multiplicador fiscal”: por cada dólar invertido, la economía local creció 2,60 dólares” (3).

Brasil:

En 2019 se destaca la creación de un programa de “Apoyo al Empleo” en el municipio de Maricá (estado de Río de Janeiro). El programa no sólo otorga un sueldo mínimo a les trabajadores en situación de informalidad sino que también busca proteger a les trabajadores formales, a través de una subvención a la nómina de sueldos. De esta manera, a las empresas radicadas en la ciudad e inscriptas en el programa se les pagaba un sueldo mínimo por trabajadores de la empresa con el compromiso de no despedir. Una de las características de este programa es que el pago se efectuaba por medio de una moneda local “mambuca”.

Al igual que en el programa de Alaska, en esta ciudad el financiamiento se producía por los excedentes de la actividad petrolera. Si bien no hay datos sobre el impacto del programa en la población, se destaca la creación de un fondo especial que fue creado con el objeto de hacer frente a un agotamiento de reservas. Aunque no se trata de un programa universal, se encuentra vigente con un total de 52.000 beneficiaries y una transferencia de 130 reales/mes (28 euros).

Fuente: elaboración propia en base a los datos recolectados.

Como se puede observar, si bien algunos de los programas finalizaron y otros se encuentran en funcionamiento, lo cierto es que ninguno de los casos se redujo el empleo, tal como algunas críticas sugerían.

Además, los resultados demostraron una mejor calidad en términos de salud mental y seguridad económica. Esto significa que las personas se sintieron más tranquilas y con menos estrés al saber que tenían un ingreso básico.

Por otro lado, cabe resaltar que en ninguno de los antecedentes mencionados se solicitó requisito ni contraprestación para el acceso al ingreso básico. En tal sentido, el requisito de contraprestación de presentar certificado de estudios o la realización de talleres puede resultar como un incentivo para fomentar una inserción laboral. Es decir, podría pensarse a la condición de algún taller como una posibilidad para contar con herramientas que les permita a les beneficiaries, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto de emprendedurismo. Más allá de esto, y de saber cuáles son algunas de las experiencias y resultados, nos encontramos frente a un escenario de urgencia que requiere de respuestas inmediatas.

Días atrás, la vocera del gobierno nacional indicó que no era un buen momento para llevar a cabo el proyecto. Lo cierto es que de acuerdo a lo estimado el financiamiento sólo representaría el 0.8 % del PBI, por lo que no sería significativo su aplicación. Además, si bien hubo fuertes críticas respecto de que el proyecto no representa más que la ampliación de los planes existentes, la realidad es que el mismo excluye a quienes perciban ingresos por prestación por desempleo, Programa Progresar, Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional Argentina contra el Hambre. Tampoco estarían contempladxs quienes reciban jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, frente a un contexto de inflación y el empeoramiento de las condiciones de vida, cabe resaltar que las desigualdades en el mundo del trabajo afectan especialmente a las mujeres y personas LGBTIQ+, quienes históricamente sufren las crisis en mayor medida. Dado que los ingresos de estas poblaciones son las que mayormente se encuentran por debajo de la línea de la pobreza e indigencia, necesitamos de respuestas urgentes que les permitan autonomía económica, estabilidad y calidad de vida. El salario básico universal también es una medida que ayudaría a disminuir las desigualdades de género.

Referencias: