Por Juan Manuel Ciucci
Semanas atrás Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encendió el debate con una frase temeraria: «No puede haber un derecho detrás de cada necesidad». Retomaba, sin decirlo, una de las citas más conocidas de Eva Duarte de Perón, para criticar a los “populismos” en una exposición que realizó en la Universidad de Chile. El tono polémico con que decidió abordar la cita sin nombrar a su autora generó mucho malestar en diversos ámbitos de nuestra sociedad, como así también apoyo en los sectores más afines al pensamiento del jurista.
“Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”, indicó. Vale la pena una cita extensa, para enmarcar su pensamiento: “No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Otros tienen obligaciones y honrar obligaciones es siempre costoso en recursos y que no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”. Sin dudas, despertó un debate que lleva mucho tiempo en nuestras sociedades, donde el sentido común que intentó expresar Rosenkrantz no pudo más que molestar a quienes ven en el Poder Judicial (y especialmente en sus jueces) a uno de los sectores más elitistas y económicamente favorecidos del Estado. Sigue siendo un reclamo popular en la Argentina exigirles que paguen, por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias que los alcanza a todos por los altos salarios que perciben.
Es sumamente oportuna entonces la publicación en nuestro país de “El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos”, de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein (Siglo XXI Editores, 2022). Un texto ya clásico que nos permite abordar este interesante debate con argumentos más sólidos que los esbozados por Rosenkrantz y menos furiosos que los planteados por sus detractores. Es que Sunstein y Holmes se proponen dejar en claro una verdad tan obvia como oculta: todos nuestros derechos dependen de los impuestos recaudados por el gobierno. Enmarcada en una discusión con los “libertarios” de los EEUU, su argumentación se vuelve sumamente útil también en nuestros contextos latinoamericanos.
En la presentación de Roberto Gargarella y Paola Bergallo, se analiza en detalle una de las ideas impuestas que el libro ataca con dureza: la idea de que “sólo son costosos los derechos sociales (los nuevos, “de segunda generación”, relacionados con la vivienda, la salud, la educación)”, ignorando algo tan evidente como que “también los derechos “de primera generación” cuestan dinero”. En todo caso, se trata de ver cómo y dónde se lo emplea.
Por su parte, Juan González Bertomeu en el prólogo del libro ahonda en esta idea: “todos los derechos cuestan dinero, ya se trate de las libertades tradicionales a la no interferencia estatal (libertades negativas), ya de los derechos sociales, usualmente identificados como aquellos que exigen el despliegue de una actividad más directa por parte del Estado (libertades positivas)”. Al respecto puntualiza que “ni la más negativa de las libertades podría ser garantizada en ausencia de un deber estatal, y tal deber sólo merece ser tomado en serio cuando se destina parte del presupuesto tanto a satisfacerlo en forma directa como a penar su incumplimiento”.
Es por esto que para Bertomeu “El costo de los derechos puede leerse como una exhortación a reconocer la vinculación entre derechos y gasto estatal; a analizar cuánto dinero dedica el Estado a proteger derechos (o cuánto estamos dispuestos a dedicar) y, en particular, a estudiar las elecciones que determinan cuáles se protegen con mayor fuerza y cómo”. Aquí es donde aparece con claridad el tono clasista del mensaje de Rosenkrantz, quien indicando las dificultades económicas que podemos tener para poder hacer frente a nuestras necesidades, elige imponer las propias como las fundamentales y así volver “peligroso” el axioma de Evita: “Donde existe una necesidad nace un derecho”.
En la introducción de Sunstein y Holmes, “El sentido común acerca de los derechos”, los autores focalizan su debate contra los “libertarios” y ciertas nociones que se imponen sobre los derechos y su costo. “La libertad no tiene mucho valor si quienes en apariencia la poseen carecen de recursos para hacer efectivos sus derechos”, indican. Es por esto que “los conservadores quizás prefieren no recordar que los impuestos que paga la comunidad en su conjunto se usan para proteger los derechos de propiedad de individuos ricos”. La seguridad pública visible en los barrios más ricos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también la pagan les vecines de los barrios del sur de la ciudad.
Pero al mismo tiempo, los autores nos invitan a no rechazar de plano la discusión de los costos, sino repensarla para volver más realista nuestro accionar. “El hecho de tomar conciencia de los costos no tiene por qué reducir nuestro compromiso con la protección de los derechos básicos”, porque “preguntarse sobre el costo de los derechos no es lo mismo que preguntar cuánto valen los derechos”. De este modo, tomar conciencia de los costos que implican todos los derechos, nos impone el deber moral y político de reajustar partidas, a fin de priorizar los derechos de quienes menos tienen. Debatir con Rosenkrantz implica, entonces, no desconocer los costos que pueden tener los derechos, sino intentar lograr que el Estado deje de financiar los beneficios de unos pocos.
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