Por Franco Cicerone
- Semanas atrás, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires multó por un valor cercano a los 800 millones de AR$ a 25 empresas fabricantes e importadoras de envases “fitosanitarios”, más conocidos como agroquímicos. Esto significó la sanción ambiental más grande en la historia argentina.
¿Por qué se multó a las empresas?
En Argentina existe una ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para empresas fabricantes e importadoras de envases agroquímicos que obliga a recolectar y tratarlos una vez comercializados. Según la Ley Nacional N.º 27.279, esta recolección y tratamiento debe estar contemplada en un sistema de gestión integral de envases presentado, organizado, operado, mantenido y financiado por las empresas.
De los 13 millones de envases comercializados en la provincia de Buenos Aires en 2019, solo un 8% fue reinsertado y tratado mediante los sistemas de gestión de envases. Esto significó el envío a basurales de millones de envases tóxicos, potenciando la contaminación de suelos y cuencas acuíferas.
Según la OPDS “Para cumplir con la normativa las empresas deben formular un plan de gestión integral de los envases, que incluye la construcción y administración de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), donde se deben recepcionar los envases vacíos de fitosanitarios. Una vez utilizado el fitosanitario en la producción agropecuaria, los envases deben pasar por un proceso de triple lavado, perforado y acopiado en CAT, Nodos Logísticos, o deben ser guardados por los productores agropecuarios hasta que se realice una campaña de recolección en los municipios donde no hay centros de almacenamiento cercanos”. (OPDS, 2021)
Agroquímicos/tóxicos
Según la Ley Nacional N.º 27.279 un fitosanitario (o agroquímico) es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o almacenamiento de los vegetales y sus productos. El término incluye coadyuvante, fitorreguladores, desecantes y las sustancias aplicadas a los vegetales antes o después de la cosecha para protegerlos contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.
La discusión sobre la utilización de agroquímicos para aumentar el rendimiento de la actividad agrícola en nuestro país data de largo tiempo. Los primeros “paquetes tecnológicos” que arribaron a la Argentina a mediados de la década de los 90 consistieron en la utilización de semillas de soja genéticamente modificada RR (Roundup Ready). Esto, en conjunto con el cambio del sistema de siembra a “Siembra Directa” aumentó la productividad de la actividad agrícola[1] y la comercialización de los agroquímicos.
Sin embargo, hubo quienes como Andrés Carrasco, investigador del Conicet, comenzaron a preguntarse por los impactos del glisfosato (herbicida) en la salud de quienes están expuestos a su uso. A través del estudio “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico” Carrasco demostró cómo estos generan trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales.
Si a esto sumamos que quienes utilizan agroquímicos no respetan las diluciones recomendadas para la fumigación (partes de agroquímico por litro de agua), los efectos sobre la salud de las personas y el ambiente se agravan aún más.
Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
En un mundo que comienza a tomar consciencia de la crisis climática que atravesamos, los principios de sostenibilidad y cuidado del ambiente deben ser el faro a seguir. Hoy en día, herramientas ambientales como la REP han ganado terreno en la agenda ambiental de la mayoría de los países del mundo, incluyendo a Argentina. Hacernos cargo de lo que producimos y consumimos es cortar con la cultura del descartede y la generación infinita de productos.
En Argentina, solo el Área Metropolitana de Buenos Aires representa casi el 50%[2] de las 49.305 toneladas diarias de residuos que generamos. Si a esto le sumamos la crisis del modelo de enterramiento masivo de residuos en rellenos sanitarios del área metropolitana[3], en pocos años vamos a estar hablando de su colapso sanitario. Por esto es menester repensar la lógica actual de desarrollo “lineal” hacia una lógica de economía circular, donde la creación de sistemas de flujo de materiales cerrados permita la reducción, reutilización, reparación y reciclaje de los mismos para su máximo aprovechamiento en el marco de un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible.
Por todo esto, el fallo de la OPDS de la provincia de Buenos Aires contra las empresas que comercian los envases fitosanitarios sienta un precedente en nuestro país para la extensión de las REP a otras corrientes de materiales (plásticos, papel y cartón, vidrio, etc…). Ahora, el desafío es conocer a ciencia cierta cuántos materiales se producen, cuántos se consumen y cuál es el recorrido que realizan en los distintos circuitos de la economía argentina. Cabe aclarar, y recalcar las veces que sea necesaria, que quienes ejecuten estas medida o política ambientales similares deben contar tanto con las capacidades como con la legitimación suficiente para el ejercicio del poder de policía. De no ser así, las mismas continuarán el largo sendero de políticas públicas que se presentan ávidas en el papel, pero sosas y olvidables en su implementación y control.
[1] Miguel Teubal “Expansión de la Soja Transgénica en la Argentina” Ver en: Link
[2] Informe del Estado del Ambiente 2019. Ver en: Link
[3] Actualmente el Relleno Norte III ubicado en el Camino del Buen Ayre se encuentra utilizando el último sector disponible para el enterramiento de residuos. Estiman una vida útil de 5 años y colpaso sanitario para el 2024. Ver en: Link
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