Apareció M y con ello se visibilizan ¿nuevas? discusiones.

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Por Rocio Beccaria*

El 15 de marzo de 2021 amanecimos con la noticia del secuestro de una niña de 7 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las declaraciones otorgadas por sus familiares, ese día un vecino le pidió permiso a su madre para ir a cambiar la bicicleta de la niña por una más grande y desde allí no hubo noticias respecto del paradero de la niña.

Tras dos días de búsqueda, guiades por las grabaciones en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano Bonaerense, lograron identificarles y seguir los pasos hasta poder hallar a M. Así fue que, la mañana del miércoles, la encontraron en la zona Oeste del Conurbano, cerca de la estación de Luján, con el alivio de hallarla en buenas condiciones de salud.

Un detalle no menor de este caso es la situación de calle en la cual se encuentra atravesada esta niña y su madre, reflejando el escenario de muches niñes y mujeres del país; y generando en consecuencia discusiones y cuestionamientos frente a la ausencia de políticas públicas por parte del Estado, que no sólo vulnera los derechos básicos a una vida libre de violencias, sino que también viola los derechos de les niñes según los convenios ratificados por nuestro país.

A pesar de la claridad bajo la cual estos derechos son vulnerados, un problema central reside en que se encuentra invisibilizado, y solo resurge en contextos críticos, acompañados de debates de cómo resolver los problemas estructurales y qué acciones se deberían realizar, cuando, en realidad, la pobreza y la desigualdad existen  cotidianamente y afectan a gran parte de la población desde hace décadas.

Si bien, a lo largo de los últimos años, desde el Estado Nacional se promovieron distintas formas de intervención a través de la implementación de políticas públicas focalizadas en asistencia económica, alimentaria y de promoción de empleo; como por el ejemplo los programas de Asignación Universal por hijo (AUH), el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Argentina Trabaja, entre otros; los índices demuestran que los resultados en términos de reducción de pobreza son escasos. De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sobre la variación de pobreza e indigencia, se observa que, si bien durante el año 2017 hubo una caída en el porcentaje de población en situaciones de vulnerabilidad, durante todo el periodo analizado (2016-2020) hubo un aumento de  10,6 p.p en los niveles de pobreza.

Cuadro 1. Pobreza. Total 31 conglomerados urbanos
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares.

La pobreza representa un problema complejo y multidimensional, ya que no solo expresa carencias económicas, sino también condiciones habitacionales y la imposibilidad de desarrollo de las personas en estos contextos (como puso de manifiesto el caso de M). Es por ello que toma especial relevancia concebir esta cuestión de manera integral, incorporando las distintas perspectivas que la atraviesan (Caballero García, 2017).

En este sentido, resulta indispensable el compromiso de todos los actores que forman parte de la sociedad. Por un lado, de los partidos políticos y funcionaries, con voluntad política y que sean capaces de articular esfuerzos y generar consenso sobre cómo abordar este tipo de problemáticas. El abordaje integral por medio de la coordinación interinstitucional (Cravacuore, 1997; Alonso y Gutierrez, 2018) podría favorecer la implementación de las políticas sociales; no obstante, se requiere de un fortalecimiento en las organizaciones estatales.

Por otro lado, requiere del compromiso por parte de los ciudadanos, de empezar a movilizarnos (ya sea desde los movimientos barriales u organizaciones civiles) y exigir la elaboración de medidas que disminuyan las brechas existentes.

Si bien en el día de hoy tenemos la certeza de que M está siendo contenida y acompañada por las distintas instituciones del Estado con el fin de otorgarle un mejor bienestar y garantizar su derecho como persona, no hay seguridad sobre ella a futuro, como así tampoco de todas las personas que se encuentran en situación de calle.

¿Qué debemos hacer? ¿Quién debe accionar? ¿Cómo? Son algunas de las inquietudes que se nos plantean y de los desafíos que debemos enfrentar como sociedad.

La intersección de elementos que el caso M pone de relieve nos empuja a afirmar que son necesarias políticas integrales, con perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. Estas políticas deben ser programas de Estado, sostenidas en el tiempo y no circunstanciales.

*Rocio Beccaria es técnica en Administración Pública por la Universidad Nacional de San Martín y se encuentra próxima a obtener el título de grado de Licenciada en Administración Pública. Sus tema de interes son la política comparada y las relaciones de cooperación intermunicipal

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