En un discurso cargado de referencias al trabajo realizado durante la pandemia, las denuncias penales contra quienes endeudaron al país y los desafíos por venir, el Presidente de la Nación hizo especial hincapié en la necesidad de una reforma judicial a fin de “mejorar la calidad institucional de la República”. Denunció, asimismo, que las falencias estructurales del Poder Judicial se comprueban también en los “femicidios que se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”.
Fue un discurso duro, que en un contexto de fuerte enfrentamiento mediático con una oposición que apuesta a profundizar el divisionismo, vino a contestar muchas de las acusaciones planteadas y volvió a presentar una relectura crítica de la pasada gestión. En este sentido, el Presidente remarcó las irregularidades que envolvieron el proceso de fuerte endeudamiento que generó el gobierno de Mauricio Macri.
“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y medianoches, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, indicó.
Para poner fin “a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”, aseguró Alberto. “Por eso, he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, indicó en uno de los pasajes más sobresalientes de su discurso.
Sin embargo, el tema que más desarrollo encontró durante el discurso presidencial en la apertura del 139 período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, fue la necesidad de una urgente reforma judicial. Lo interesante del caso esta vez (ya que el año pasado había anunciado y enviado un proyecto al respecto, que tiene media sanción del Senado) fue que conectara la necesidad de reforma con la alarmante cantidad de casos de femicidios en nuestro país. Cabe recordar que tras el femicidio de Úrsula se convocó a una marcha a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que el próximo #8M la consigna “Reforma Judicial Feminista” será una de las principales demandas planteadas por el colectivo feminista.
“Quiero detenerme un momento en la cuestión de la violencia de género, un delito intolerable que afecta a las mujeres y las diversidades”, indicó el Presidente. “Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y una política de la sociedad. Lo hicimos con “Memoria, verdad y justicia”. Ahora vamos a hacerlo también con la intolerancia a estas violencias”, aseguró.
“Vengo a proponerles construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género, por una sociedad más igualitaria”, indicó Fernández a la vez que sostuvo que “la práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”.
“La reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión también es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto” puntualizó, a la vez que indicó que anuncié mi convicción de la necesidad de cambiar el funcionamiento del sistema judicial el mismo día en que asumí mi cargo”. Y reforzó la idea al indicar que “el Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”.
Remarcó también que con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República “quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, como lo prevé nuestra Constitución Nacional. Insistió en la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley que reformula el funcionamiento del fuero federal, que obtuvo media sanción por parte del Senado. En tanto que la Cámara baja tiene para su tratamiento una reforma a la ley que reglamenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público.
En el marco de aquellas reformas presentadas al fuero federal, una Comisión de Juristas de las más diversas procedencias le hizo llegar un informe con recomendaciones sobre posibles transformaciones del poder judicial. “De todas esas propuestas quiero expresarles hoy que en el curso de este año legislativo propondré algunos proyectos que emanan de ese magnífico aporte”, indicó Alberto.
Dentro de las propuestas que serán presentadas, se encuentran:
– Reformar el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado “arbitrariedad” sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”. Con el mismo fin “elevaremos un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial”.
– Se enviará un proyecto de ley que “reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, como órgano constitucional que debe optimizar todo el proceso de selección y capacitación de los jueces en la Argentina”. Este es un reclamo que la Corte Suprema de Justicia viene sosteniendo hace años. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, indicó el Presidente.
– “Quiero anunciarles también que consultaré con los señores gobernadores de nuestras queridas provincias, en aplicación del artículo 125 de la Constitución Nacional, nuestra idea de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”, adelantó Fernández. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
– “Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”, explicó. “De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración”.
Estos aportes no sólo buscan un ejercicio de la justicia más democrático, sino que enfrentan directamente al superpoder que en los últimos tiempos ha adquirido la Corte Suprema, por lo que permiten hacernos creer que con el adecuado trabajo parlamentario y el apoyo popular, será posible hacerlo. “Garanticemos el acceso a la justicia de cualquier ciudadano. Terminemos con las condenas o absoluciones en función de una preferencia o presión de factores de poder. Digamos basta a la dilación de causas en función de conductas extorsivas. Pongamos fin al laberinto de procesos opacos tramitados a espaldas de la sociedad”.
La batalla contra la corporación judicial, quizás la más difícil a la que se enfrente la democracia argentina, encontró en el discurso presidencial un nuevo puntapié que permita retomar tantos intentos que han naufragado. Ante un año electoral, donde las disputas de fondo suelen tener muchos tropiezos por los intereses en pugna, veremos el éxito que puedan encontrar en el parlamento las propuestas del Presidente de la Nación. Ante el horror que significa el incesante crecimiento de los femicidios en nuestro país, la movilización popular que este #8M se expresará en las calles reforzará sin dudas esta urgencia y volverá a imponer en la agenda un reclamo ante el cual ya no hay tiempo que perder.
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