El triunfo de la propiedad: desalojos, represión y falta de propuestas

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Por Juan Manuel Ciucci

Un paseo por los canales y los medios de comunicación hegemónicos parecen una espontánea cadena nacional: desde la seguridad de nuestras casas encuarentenadas, vemos cómo se festeja la represión contra quienes han ocupado un territorio por falta de una vivienda digna. Casi en simultaneidad, vemos cómo Patricia Bullrich festeja junto a Luis Etchevehere que la jueza María Carolina Castagno ordene el “reintegro inmediato del predio” en el que su hermana intentaba hacer justicia sobre su patrimonio, a la vez que abría una posibilidad productiva contrahegemónica.

Lo que más preocupa e indigna, es que sea desde espacios comunicacionales afines al gobierno nacional desde donde se defienda el accionar represivo, o se intenta explicar lo inexplicable. Que sea desde allí que se sostiene el sentido común imperante que pide por la propiedad privada y la seguridad jurídica, desconociendo el derecho a la vivienda digna, que en un contexto de pandemia se torna aún más fundamental. Ahora mismo, quienes han sido desalojades, no tienen dónde pasar la noche, en un contexto de vulnerabilidad acuciante, indignante ante las posibilidades de un contagio masivo del coronavirus que empeora día a día. 

La problemática de la vivienda en nuestro país no es nueva, tal es así que una de las novedades que presentó el gobierno de Alberto Fernández fue la conformación de un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para hacerle frente. Pero hasta ahora no sólo no ha conformado ninguna política clara que tienda a encontrar una solución de fondo para esta problemática, sino que ante estos primeros conflictos concretos que aparecen en la escena pública, no aparece como un espacio ni de referencia ni de acción. Más allá de la implicancia directa en cada conflicto, es desde la cartera nacional desde donde se puede presentar una propuesta superadora, una salida posible, un plan de acción a nivel nacional. Podría ser el lugar que impulse un diálogo que exceda el conflicto puntual de la Provincia de Buenos Aires, para marcar un rumbo a seguir.

La defensa del accionar represivo se escuda en las decisiones judiciales que obligan al desalojo, invocando la división de poderes, y explicando que no se trata de una decisión política. Sin embargo, es la simplificación de un conflicto de larga data, donde en lugar de condenar al Poder Judicial que fundamentalmente defiende al poder económico y sus personeros, se lo intenta posicionar como algo inevitable. El mismo Poder Judicial que luego es duramente criticado por su parcialidad en la persecución realizada contra personalidades políticas nacionales, en estas ocasiones termina siendo la letra muerta de la ley que nos impone la represión. La falta de una lectura clasista de los poderes del Estado lleva a estas volteretas políticas donde quienes se definen como peronistas o que defienden interese populares, terminan justificando que la única intervención posible es en última instancia la represión. Y le cargan la culpa a partidos de izquierda por “fogonear” una situación que las excede y por mucho, pasando de burlarlas por su poca representatividad a señalarlas como las hacedoras de todos los desmanes. Un macartismo demodé que sólo muestra la pobreza con que contamos en nuestras filas, muchas veces, para analizar la realidad.             

El gobierno provincial avanzó en acuerdos con quienes estaban presentes en la toma, pero sin dudas no logró solucionar las necesidades de un sector importante del mismo, ante una toma que permaneció durante muchísimos días y fue cada vez más organizada. La urgencia por desalojar un terreno baldío que aún no tiene ningún destino concreto, no guarda ningún sentido en relación a la necesidad de vivienda que demuestran quienes se expusieron a vivir de un modo sumamente precario durante tantos días en medio de una pandemia. ¿Qué debate nos plantean este tipo de casos, y qué soluciones creativas y de fuerte orientación popular somos capaces de dar? Si la única respuesta sigue siendo acuerdos parciales con ocupantes y represión para los que intentan quedarse, no avanzamos ni un solo paso.

Si estas disputas no habilitan una discusión profunda sobre la tierra en nuestro país, donde tenemos por ejemplo innumerables territorios que han sido concedidos de modo defraudatorio para el Estado Nacional a lo largo de la historia en beneficio de las familias patricias que saquean nuestro país y que fugan las ganancias que obtienen, es porque no encontramos la posibilidad discursiva y política de volver posible ése debate. Es porque ante la excepcionalidad de una pandemia, no aprovechamos el contexto para imaginar una radical modificación del status quo imperante. Porque como peronistas no logramos consolidar un mandato que Evita nos impuso hace más de 70 años: “donde existe una necesidad, nace un derecho”. El mundo por venir nos impone un replanteo de las reglas que el estado burgués impone como norma, y que ha sido consolidado mediante la explotación, el exterminio y la desigualdad como normas.

Ahora, las pantallas nos muestran las historias de quienes no tienen un lugar para dormir, mientras vemos festejar a la familia Etchevehere. Aún no sabemos cómo pueden avanzar estos conflictos, con un número impreciso de heridos y detenidos en Guernica, y sin saber qué pasará en el campo de Entre Ríos cuando quieran desalojar a Dolores de allí. Lo que sí sabemos, es que hoy ha perdido una vez más el Pueblo, en todas sus variantes. Y en tanto y en cuanto no sepamos de qué lado de la mecha nos debemos encontrar, seguiremos perdiendo mucho más.                

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