Proyecto de Ley de Alquileres Parte II:

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Programa Nacional de Alquiler Social y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos

En esta segunda entrega se analizan las dos partes restantes del proyecto de ley. En las mismas se desarrollan políticas públicas sobre temas habitacionales y los entes encargados de llevarlas a cabo. Resolución de conflictos en problemáticas de inquilinaje con presencia estatal y particularidades especificas sobre las poblaciones vulnerables que mas la padecen. Hacemos especial énfasis en el Programa Nacional de Alquiler Social cuya función puede traer soluciones inmediatas a aquellas personas que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad social. Este será tratado exclusivamente en el próximo artículo del Dossier #InquilinosAgrupados.


Título III:

Programa Nacional de Alquiler Social


Art. 17: Alquiler Social



Adoptar medidas que faciliten el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una
contratación formal.

En esta sección de la ley se pone sobre el tapete la irregularidad actual con la que el mercado inmobiliario se maneja. Se proponen una serie de medidas para hacer frente a la informalidad del sistema de inquilinaje.


Art. 18: Organismo Rector



El Ministerio de Interior, Obras públicas y vivienda, secretaria de vivienda (el actual Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat). Será el encargado de la construcción de políticas públicas
en la materia. La existencia de una Ministerio que trate las particularidades del inquilinaje,
muestra la crisis habitacional actual y la necesidad de solucionarla. Otorga visibilidad al
conflicto/problemática.


Art. 19: Medidas de Implementación del Programa


  • a) Tener especial consideración con: personas en situación de violencia de género y adultos mayores.
  • b) El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat será quien regule el accionar de entidades que otorguen garantías de fianza o seguros de caución para contratos de alquiler de viviendas y ya no se encontraran bajo el ala de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
  • c) Propiciar líneas de subsidios o créditos para el alquiler.
  • d) Ampliar la Oferta de inmuebles (Impuesto a la capacidad ociosa, por ej).
  • e) Favorecer a la población vulnerable haciendo énfasis a titulares de la prestación por desempleo.
  • f) –
  • g) Obligar al locador y locatario a cumplir las obligaciones.
  • h) Apoyar a quienes tienen problemas de garantía, depósito y demás gastos en el proceso de alquiler siempre y cuando se trate de vivienda familiar única.
  • i) Creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago de alquileres y las indemnizaciones por daño y ocupación indebida del inmueble.
  • j) Ser intermediario alternativo entre conflictos de locador y locatario. Los incisos materializan medidas concretas en temas como: población vulnerable ante el fenómeno de gentrificación que se vive en las urbes; regulación y control sobre entidades que otorguen seguros de caución; control sobre los mecanismos actuales con los que se llevan a cabo; ofrecer un seguro (respaldado por el Estado) que cubra la falta de pago de alquileres, protegiendo a los pequeños dueños; realzar la figura gubernamental como intermediaria frente a conflictos locador /locatario.

Título IV:

Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos


Art. 21: Resolución de Conflictos



Sumado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ministerio de Justicia y DD. HH debe
también fomentar ámbitos o espacios para la resolución de conflictos.


Art. 22: Aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria


Sustitúyase el Art. 6 de la Ley 26.589 por: El proceso de mediación prejudicial es optativo, el requerido (locador o locatario) no pueden cuestionar la vía. Fomentar el vínculo de con el Ministerio de Justicia y DDHH, para que el Estado sea la instancia (optativa) de resolución de conflictos. Pero que exista la opción de acceder a este nuevo espacio, principalmente porque se presenta como uno (y quizá único) para la población inquilina.

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